Metodología
Para describir y analizar el proceso de atención a mujeres víctimas de violencia y el registro de información sobre este proceso en las Agencias del Ministerio Público y los Centros de Atención a Víctimas (CAVI o equivalentes) dependientes de las PGJE, se empleó una metodología de análisis cualitativo con base en entrevistas presenciales semi-estructuradas al personal encargado de atender en primera instancia a mujeres víctimas de violencia. 
De acuerdo con los términos de referencia establecidos por el INMUJERES este proyecto se concentró en delitos asociados a la violencia intrafamiliar, violencia física y violencia sexual. Debido a la amplia heterogeneidad que existe entre la legislación penal a nivel estatal, se decidió adecuar el instrumento de análisis a estos tipos de violencia y no a delitos específicos, pues si bien los códigos penales de las Entidades federativas pueden incluir conductas delictivas bajo el mismo rubro, la legislación estatal puede diferir en el bien jurídico tutelado, así como incluir en la tipificación del delito diversas hipótesis normativas. Distinguir por delitos particulares dificultaba el ya de por sí complejo proceso de comparación entre realidades diversas. En cambio, el manejar las entrevistas por tipo de violencia permitió sistematizar los datos, sin perder información sobre las actuaciones del Agente del Ministerio Público o el personal de los servicios de atención a víctimas.
Es importante destacar que el equipo de investigación que llevó a cabo este informe nacional no determinó los tipos o modalidades de la violencia que se incorporan en el estudio, sin embargo, resulta casi evidente la justificación de su incorporación por parte del INMUJERES. La violencia contra la mujer ejercida por su pareja (un elemento de la violencia intrafamiliar) es el tipo de violencia de género contra la mujer que mayor incidencia presenta no sólo en México, sino en el resto del mundo; mientras que la violencia física y sexual son tipos de violencia particularmente gravosos para la vida de las mujeres. Aunque resulta una obviedad, vale la pena recordarlo: los tipos de violencia de género en contra de las mujeres son categorías analíticas que no son mutuamente excluyentes, por el contrario, tienden a presentarse de manera concurrente. Por ejemplo, en situaciones de violencia sexual es usual que se presente violencia física, mientras que casos de violencia intrafamiliar donde la víctima es una mujer, suelen presentar incidencias de violencia física, psicológica o incluso sexual. Así, la selección de los tipos de violencia y las categorías de análisis responden al llamado de INMUJERES, pero también a una necesidad metodológica. 
Las entrevistas que alimentan la información de esta investigación estuvieron orientadas por un instrumento de análisis (guía de entrevista). Si bien existía una propuesta inicial de este instrumento en los términos de referencia, la coordinación del proyecto en el CIDE decidió –con el aval del INMUJERES- ajustar las Guías de entrevista originales por considerar que no incorporaban toda la información que se requería o bien que no respondían de manera precisa a los objetivos del proyecto. Una decisión adicional, fue crear guías especializadas de entrevista para las Agencias del Ministerio Público, para los Centros u Oficinas de Atención a Víctimas y para las Direcciones Generales de Sistemas o de Información. Así, se generaron no una, sino tres guías de entrevista.
La guía de entrevista para las Agencias del Ministerio Público (AMP) tuvo como objetivo conocer el proceso de atención a mujeres víctimas de violencia, así como el proceso de recepción, inicio de averiguación previa y resolución ministerial, siempre distinguiendo por tipo de violencia. La segunda guía estaba orientada a los Centros de Atención a Víctimas y tuvo por objetivo determinar el proceso de atención a víctimas con especial énfasis en las distinciones y características de la atención psicológica, médica y jurídica. En términos de la información y datos, las guías de entrevista enfatizaron dos elementos: el primero consistió en si el personal entrevistado recaba datos suficientes para elaborar un perfil sociodemográfico básico de las víctimas, victimarios o agresores y para detallar el delito mismo; y el segundo se refirió a las características del proceso de recolección de información (momentos de recolección y existencia de sistemas de gestión de información).
De manera adicional a las entrevistas, se solicitó al personal de cada una de las instancias visitadas información estadística sobre los delitos indicados en el párrafo anterior, así como soportes documentales sobre los procesos de atención a víctimas y recopilación de información, tales como manuales, circulares, oficios, etcétera. También, se crearon plantillas para recabar información institucional básica de cada una de las oficinas que visitaron los equipos de trabajo y se diseñaron formatos para recuperar información estadística. Finalmente, la coordinación del proyecto en el CIDE realizó solicitudes de información a distintas dependencias estatales con la finalidad de compensar ausencias de información.
Con el fin de llevar a cabo este proyecto con la calidad y el rigor necesario, se invitaron cuatro dictaminadores externos. Para el tema de estadísticas criminales/judiciales y registro de variables, se contó con la opinión del Dr. José Antonio Caballero. Para el tema de derecho penal, así como la definición de las variables relevantes, se contó con la participación del Lic. Javier Cruz Angulo Nobara. En lo concerniente a sistemas de información y registro de variables, este proyecto recibió los comentarios del Dr. José Ramón Gil García y para una opinión experta en temas de análisis de capacidad institucional, se contó con las observaciones del Dr. Guillermo M. Cejudo. El resultado fue aprobado por el INMUJERES con lo que las guías de entrevista quedaron listas a inicios de marzo del 2012.
Un aspecto de logística adicional fue la revisión de los sujetos de entrevista. Se determinó reorganizar el listado original que proponía el INMUJERES a fin de privilegiar la conversación con las y los servidores públicos que efectivamente tienen contacto directo con la víctima, por lo que se eliminaron las entrevistas a directores generales de averiguaciones previas o procesos y se integraron a Agentes del Ministerio Público. Un segundo ajuste consistió en eliminar las entrevistas fuera de las capitales del estado. Esta última decisión respondió a consideraciones de seguridad para las y los integrantes de los equipos de investigación, pero también al hecho de que las entrevistas en Agencias del Ministerio Público de la capital del Estado planteaban en casi todos los casos un mismo sesgo: mejor infraestructura y organización, por lo que las conclusiones generadas para cada caso podían entenderse como un resumen de las mejores situaciones en la Entidad.
Los servidores públicos a entrevistar se identificaron y contactaron en colaboración con las propias Procuradurías Generales de Justicia, privilegiando aquéllos que atienden directamente a las mujeres víctimas de violencia. Así, se entrevistaron Agentes del Ministerio Público (de Agencias Generales o mixtas y Agencias Especializadas) y personal de primera atención de los Centro de Atención a Víctimas (o equivalentes) Por ello, la información que alimenta este informe da cuenta de la experiencia in situ del personal involucrado en el proceso de atención a víctimas de violencia.
El trabajo de campo se organizó en cuatro equipos de trabajo, cada uno conformado por una coordinadora, un investigador y un asistente, de acuerdo con los perfiles siguientes: se buscó que la coordinación estuviera en manos de una profesional en ciencias sociales, principalmente en áreas de ciencia política, derecho y/0 sociología. Se solicitó experiencia en investigación y familiaridad con métodos cualitativos de análisis. Las coordinadoras estuvieron a cargo de llevar a cabo las entrevistas personales. Las coordinadoras establecieron la estrategia de trabajo para elaborar el reporte de actividades (informe de investigación de campo) y el diagnóstico estatal. Para la posición de investigador se solicitó profesionales en ciencias sociales (nivel maestría o licenciatura), en especial, en alguna de las áreas ya mencionadas. El investigador estuvo a cargo de llevar a cabo entrevistas al personal responsable en el manejo y generación de informes estadísticos, así como consultar y recopilar la información estadística. Asistir al coordinador en la elaboración del reporte de actividades (informe de investigación de campo) y del diagnóstico estatal. Finalmente, el asistente de cada equipo debía contar con nivel licenciatura o pasante y tener familiaridad con el manejo de bases de datos y sistematización de información. El asistente estuvo a cargo de apoyar al coordinador y al investigador en las labores de sistematización de la información estadística y el seguimiento a las transcripciones de las entrevistas. Cada equipo realizó trabajo de campo en siete Entidades. Las tablas 1.1 y 1.2 indican la conformación de los equipos de investigación y la distribución del trabajo de campo.

TABLA 1.1. Conformación equipos de investigación
	Equipo 1	Equipo 2	Equipo 3	Equipo 4	
Coordinador	Dra. Alejandra Ríos Cázares
CIDE	Mtra. Andira Hernández Monzoy
Universidad de Sheffield	Dra. Sonia Frías
CRIM-UNAM	Lic. Patricia Sánchez
Analítica Consultores	
Investigador	Mtro. Diego Angelino	Mtra. Adriana Burgos	Mtra. Cristina Cobos	Lic. Daniel Bello	
Asistente	Mtro. Ricardo González	Lic. María José Cortés	Mtra. Dzoara Santoyo	Lic. Manoel Francisco Castañeda	

TABLA 1.2. Distribución trabajo de campo
 	Equipo 1	Equipo 2	Equipo 3	Equipo 4	
Entidad 1	Distrito Federal	Chiapas	Morelos	Sonora	
Entidad 2	Guanajuato	Tabasco	Querétaro	Sinaloa	
Entidad 3	Estado de México	Yucatán	Colima	Chihuahua	
Entidad 4	Hidalgo	Campeche	San Luis Potosí	Coahuila	
Entidad 5	Tlaxcala	Guerrero	Baja California	Tamaulipas	
Entidad 6	Aguascalientes	Veracruz	Nayarit	Zacatecas	
Entidad 7	Baja California Sur	Oaxaca	Michoacán	Durango	

El resultado del trabajo de campo se sistematizó en 28 reportes de investigación que presentan una narrativa extensa y detallada sobre los procesos de atención y gestión de información. Cada proceso ha sido esquematizado en diagramas que reflejan la sencillez o la complejidad de los pasos que debe seguir una mujer víctima de violencia para recibir atención. En cada reporte se incluyó una revisión sobre la normatividad vigente, evaluación de la infraestructura existente y consideraciones adicionales sobre el proceso de conformación de la averiguación previa. También se incorporaron como anexos soportes documentales, fotografías y material de difusión de las propias PGJE.
Una vez terminados, los reportes de investigación fueron enviados a los enlaces de las PGJE para su validación. Con excepción del Estado de México, todas las Entidades avalaron explícitamente (o por afirmativa ficta) el contenido de los reportes. Algunas Entidades enviaron comentarios sobre adecuaciones normativas o institucionales que tuvieron lugar en la entidad después del trabajo de campo, con la finalidad de informar al al respecto, esta información se incluye en el Anexo III como información complementaria a este informe.